El peso de las palabras

Las palabras cambian destinos. De la misma forma en que se usan para detallar sueños y proyectos, pueden omitirse para evadir obstáculos y necesidades. Al emplearlas o no, los hombres de Estado, las instituciones y los gobiernos deben asumir plena responsabilidad por las consecuencias que generan.

La propuesta del Ejecutivo para modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución es un claro ejemplo de la importancia del uso y omisión de las palabras. En su planteamiento, el Presidente Peña Nieto propone que las “concesiones” sean el único modelo que quede prohibido para explotar los hidrocarburos en México. La sugerencia es que otros modelos, como los “contratos de utilidad compartida”, puedan regularse y emplearse a partir de la leyes secundarias.

Las modificaciones a la Constitución que ha propuesto el gobierno representan un cambio importante con respecto a los modelos que se utilizan en la actualidad para desarrollar los proyectos de petróleo y gas en el país. De concretarse, los particulares tendrían la libertad de explotar los hidrocarburos en un área determinada, siguiendo sus propios planes y asumiendo sus propios riesgos. El Estado, como contraparte, tendría la obligación de pagarles una utilidad por la venta del petróleo que hayan contribuido a explotar en dicha área.

Actualmente esto no ocurre. Pemex es el que elabora los planes de explotación y el que decide en dónde pueden participar los particulares. Por los servicios que prestan, éstos últimos reciben un pago que cubre los costos en los que incurren.  No más.

Para defender su propuesta de reforma energética, el gobierno ha recurrido a la mítica figura del general Lázaro Cárdenas. Argumenta que los cambios constitucionales recientemente sugeridos recuperan cada una de las palabras que el Presidente Cárdenas empleó en 1940 para permitir la participación de particulares en el sector energético.

Es evidente que el Ejecutivo ha rescatado la imagen de Cárdenas para desarticular el discurso de los grupos que se oponen a los cambios constitucionales. Lo que no está claro, sin embargo, es que esta sea la mejor estrategia para defender la propuesta energética de Peña Nieto. En primer lugar porque se sabe que la decisión de Lázaro Cárdenas se dio en un contexto marcado por la debilidad de las instituciones y por la urgencia de poner en marcha la economía de México. En segundo lugar porque ha trascendido que el general reconoció, con el paso del tiempo, que la participación de los particulares en la industria petrolera nacional atentaba contra los intereses de la Nación.

Quizá sería más útil explicar por qué los cambios constitucionales propuestos por el gobierno son la mejor alternativa para ampliar las reservas de hidrocarburos y elevar la producción de petróleo y gas. No es sencillo hacerlo, para ello se requiere de expertos que tengan la capacidad y la claridad para poner en palabras sencillas lo que significan los contratos de utilidad compartida que se desprenderían, según lo dijo el Presidente Peña Nieto, de los cambios a los artículos 27 y 28 de la Constitución.

Quizá, también, sería más conveniente hablar de la necesidad de emprender acciones decididas que nos permitan responder a los retos presentes y futuros. En este sentido, nada más oportuno que destacar la visión y valentía del Presidente Cárdenas, que procuró la mejor política para el país tomando en cuenta los retos del momento.