El robo de hidrocarburos es un grave problema en México.
De acuerdo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el año pasado este
flagelo significó una pérdida para las finanzas públicas de 60 mil millones de
pesos anuales. Esta cifra es mayor al presupuesto que la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) ejerció en 2018, el cual ascendió a 43 mil 196
millones de pesos.
Para resolver este grave problema, en diciembre del año
pasado el gobierno federal lanzó un plan para combatirlo. A diferencia de lo
que se había realizado en administraciones pasadas, el sello distintivo de este
esfuerzo fue la mano firme: cerrar los ductos que tienen un mayor número de
tomas clandestinas y utilizar pipas para llevar gasolinas y diésel a las
estaciones de servicio.
Al privilegiar la distribución por tierra, que es el
medio menos propenso al robo de hidrocarburos, se empezaron a presentar
retrasos en la llegada de combustibles a las estaciones de servicio. Estos
cambios en la logística hicieron que los consumidores no encontraran gasolinas
y diésel en las gasolineras de Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Michoacán,
Guanajuato y Querétaro.
Ante la falta de una explicación por parte de las
autoridades energéticas, los problemas de abasto empezaron a generar inquietudes
entre los consumidores de otras entidades que no habían tenido estas
afectaciones. Fue cuestión de días para que una realidad distorsionada
disparara las ventas de combustibles, ocasionando, con ello, problemas de
abasto en lugares como la Capital.
Dada la magnitud del robo de combustibles en el país, es
difícil oponerse al plan instrumentado por el gobierno federal. Sin embargo, el
problema de abasto de combustibles, que se generó a consecuencia de este plan,
nos debe llevar a reflexionar sobre los tiempos y la forma en que se empezó a
implementar.
Para empezar, el inicio de las acciones del plan contra
el robo de hidrocarburos coincidió con el periodo vacacional de diciembre. En
esta temporada, la demanda de combustibles se incrementa porque los ciudadanos
utilizan sus automóviles para salir de viaje. En este sentido, hubiera sido
deseable que la distribución de gasolinas y diésel por tierra empezara una vez
concluidas las vacaciones decembrinas.
Por otro lado, las fallas de comunicación generaron
desinformación y ocasionaron un aumento abrupto en el consumo de combustibles.
Como ya se mencionó, esta situación complicó el abasto de combustibles y la
instrumentación misma del plan. Sería pertinente, por lo mismo, que el gobierno
federal explique oportunamente lo que está haciendo para garantizar que las
estaciones de servicio cuenten con suficiente gasolinas y diésel.
En una coyuntura tan compleja como la actual, el gobierno
puede considerar esta y otras acciones para resolver en un tiempo razonablemente
breve el problema de abasto sin que eso signifique dejar de combatir el robo de
combustible con mano firme.
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