domingo, 30 de junio de 2013

Brasil: el ejemplo del campeón

Brasil es el campeón de la Copa FIFA Confederaciones y un líder global. Entre 2000 y 2010 su economía creció a un promedio anual de 3.7%, ligeramente por arriba del crecimiento de América Latina, que en el mismo periodo registró un aumento de 3.0% en su PIB. El “milagro económico brasileño” fue, por lo menos hasta hace poco, motivo de admiración a nivel internacional y razón suficiente para que el economista Jim O'Neill considerara a la nación sudamericana como una de las potencias emergentes que dominará el siglo XXI.

El crecimiento económico brasileño de los primeros años del nuevo siglo se acompañó con medidas sociales acertadas. Los presidentes que gobernaron al país en este periodo, Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silvia, implantaron un proceso de inclusión social que permitió que 20 millones de habitantes dejaran la extrema pobreza. Las políticas públicas de izquierda permitieron, también, que el salario mínimo creciera más de 60% y que el desempleo se redujera a mínimos históricos. El éxito del proyecto modernizador de Brasil se vio reflejado, además, en el aumento de la matrícula universitaria.

A las mejoras económicas y sociales se sumaron los éxitos en la industria petrolera. En esos años, la petrolera del Estado, Petrobras, anunció importantes descubrimientos de hidrocarburos en aguas profundas de Brasil. Con estos hallazgos las estimaciones de producción de petróleo se elevaron rápidamente y muchos inversionistas decidieron invertir en la nación carioca para aprovechar las oportunidades que ofrecía la industria.

El panorama del país, no obstante, empezó a deteriorarse tras la crisis económica mundial de 2008-2009. Producto de la desaceleración mundial y del impacto sufrido por muchas naciones con las que Brasil mantiene relaciones comerciales estrechas, la economía brasileña vio reducir su crecimiento económico de forma considerable. El PIB del país, que en 2010 había aumentado 7.5%, creció solamente 2.7% en 2011 y 0.8% en 2012. En contraste, América Latina reportó un crecimiento de 4.5% y 2.9% en 2011 y 2012, respectivamente.

En este contexto de reducción económica, a mediados del mes de junio miles de jóvenes salieron a las calles en Brasil para protestar contra el alza en las tarifas del transporte público. Las manifestaciones, que coincidieron con el inicio de la Copa FIFA Confederaciones, fueron sumando apoyos y fuerza con el paso de los días. Las demandas dejaron de enfocarse exclusivamente a los servicios públicos y se abrieron a temas como la corrupción y la educación.

El gobierno de Dilma Rousseff, al ver la vitalidad y fuerza de este movimiento, decidió dar marcha atrás al alza de las tarifas del transporte público. También se comprometió a emprender una reforma política para atender las otras demandas de los manifestantes.

A pesar de la voluntad mostrada por el gobierno, la crisis social que vive Brasil está lejos de resolverse. Los reclamos de los jóvenes, y de todos los demás sectores que apoyan estas manifestaciones, no habrán de solucionarse con tarifas públicas más baratas ni con apoyos educativos. En el fondo, será necesario que la clase política del país sudamericano logre que el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones de vida.

Hoy los problemas de Brasil no pasan por el tema económico, más bien tienen un carácter político. Parecería que los gobernantes no han tenido la capacidad para leer y entender las aspiraciones de los gobernados. No sólo eso, tampoco han tenido el decoro de ejercer el poder con honestidad. Al igual que en muchos otros países, la clase política brasileña vive envuelta en escándalos de corrupción.


Lo que pasa en Brasil debe servir como ejemplo para México. Nuestro gobierno debe procurar el crecimiento económico como instrumento para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. En este camino, nuestros políticos deberán estar conscientes de que nuestra sociedad está más informada, es más participativa y no tolerará actos de corrupción. 

domingo, 23 de junio de 2013

La reforma madre

En 2008 se reformó el marco jurídico de la industria petrolera nacional. Desde entonces, las reservas totales de hidrocarburos de México han permanecido estables y la caída de la producción nacional de petróleo se ha detenido. En estos últimos cinco años Pemex ha demostrado que es capaz de garantizar el suministro energético. Con trabajo y resultados, ha puesto en entredicho los pronósticos que concebían al país como un importador de petróleo en el mediano plazo. Hoy la paraestatal ocupa el séptimo lugar mundial en términos de producción de petróleo.

A pesar de estos logros, muchos consideran que la reforma energética de 2008 fue limitada. Argumentan que el país desperdició una clara oportunidad para permitir que los particulares compitan con Pemex en la exploración y producción de hidrocarburos. Consideran que México ha perdido tiempo y auguran un panorama desalentador si no se modifica la Constitución. El país no podrá desarrollar los recursos de aguas profundas ni los proyectos de shale gas, alertan, si el gobierno y el Congreso no abren espacios a las empresas privadas.

Los actores que claman por una apertura se contraponen con aquellos que están convencidos de que Pemex debe continuar como el único operador dentro de la industria petrolera nacional. Estos últimos, identificados con los sectores de izquierda, tienen un discurso muy claro: el petróleo es y debe seguir siendo de los mexicanos. A partir de esta premisa han construido un discurso muy atractivo para cerrarle el paso a los particulares. Están seguros de que el marco jurídico actual no representa un obstáculo para desarrollar la inmensa riqueza energética del país.

El debate en torno a estas dos posturas se reavivó la semana pasada después de que Enrique Peña Nieto diera a conocer que su gobierno está evaluando cambios en el sector energético. Durante su último viaje al Reino Unido, donde participó en la Cumbre del G8, el Presidente insistió en la necesidad de ampliar la capacidad de ejecución de Pemex. Habló, inclusive, de cambios constitucionales.

Lo dicho por el Ejecutivo causó revuelo en México. Los medios de comunicación y las redes  sociales retomaron y discutieron el tema. Prácticamente no hubo actor político que no se pronunciara sobre el asunto. Inclusive el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México tuvo la graciosa ocurrencia de exigirle al Presidente un debate sobre la supuesta propuesta para privatizar Pemex. En el fondo, independientemente del oportunismo político de Marcelo Ebrard, quedó claro que el energético es un tema que genera grandes pasiones en el país. No en balde se suele decir que el petróleo ha sido y seguirá siendo causa de importantes epopeyas en México.

La caja de Pandora está abierta. No importa que aún no existan argumentos sobre la mesa. A pesar de que el gobierno ha insistido en que el tema se abordará en los tiempos y de acuerdo con lo que se ha establecido en el Pacto por México, todos los partidos políticos se mantienen al pie del cañón, velando armas para discutir lo que sin duda será la reforma madre.

¿Qué podremos esperar de esta discusión? Parecería que más que argumentos técnicos lo que se discutirá serán posturas ideológicas. El capitalismo salvaje frente a la izquierda retrógrada. Y mientras se construye un nuevo equilibrio entre estas dos fuerzas, la industria petrolera nacional corre el riesgo de quedarse sin las herramientas necesarias para desarrollar de forma óptima los recursos energéticos que se encuentran en el subsuelo del territorio nacional. 

domingo, 16 de junio de 2013

La obsesión

Las obsesiones son peligrosas. Representan un obstáculo para entender la realidad. Nublan el panorama y los criterios sobre los cuales se toman decisiones.  Generan acciones y resultados erráticos.

Al inicio del nuevo gobierno, Enrique Peña Nieto dio a conocer 13 decisiones presidenciales con las que se pretendía iniciar la trasformación de México. Eran decisiones concretas para abordar los problemas más urgentes del país. En ellas se incorporaron algunas de las propuestas que desde la izquierda y la derecha se han venido realizando en los últimos años.

Una de las 13 decisiones presidenciales fue el déficit presupuestal cero, es decir, el ejercicio de un gasto público no mayor a los ingresos de gobierno. En otras palabras, la decisión de gastar sólo lo que se tiene para no recurrir al endeudamiento.

Los mercados reaccionaron con entusiasmo al anuncio. Festejaron, en particular, la disposición del nuevo gobierno de continuar con el manejo responsable de la economía. El buen ánimo se reflejó en el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores. Durante diciembre y los primeros meses del año el país recibió importantes flujos de capital que respondían, entre otras cosas, a la solidez de las finanzas públicas.

Eran tiempos de optimismo. Los organismos internacionales y las agencias calificadoras corregían al alza las estimaciones de crecimiento para la economía mexicana. El mismo gobierno, alentado por la efectividad del Pacto por México, sugería la posibilidad de que la actividad económica del país se elevara por arriba de 3.5% al cierre de 2013.

Conforme fue avanzando el año, no obstante, el panorama económico cambió. La economía mexicana reportó un raquítico crecimiento de 1% en los primeros tres meses del año y la inflación se disparó a niveles preocupantes. Hacia el mes de mayo, todos los indicadores económicos ratificaban lo que se percibía en el ánimo y los bolsillos de la gente: la economía se había frenado.  

En este contexto, resultó particularmente sorpresivo y alarmante enterarse de que el gasto público se redujo 10.4% en el primer trimestre del año. Esta reducción, que se explica como una consecuencia del déficit presupuestal cero,  afectó a muchos sectores de la sociedad mexicana cuyas actividades económicas están vinculadas al gasto de gobierno.  Profundizó, también, la caída de la economía nacional. 

El gobierno ha fallado al obstinarse con el déficit presupuestal cero. En tiempos inciertos, donde las economías europeas están en recesión, China reduce sus expectativas de crecimiento y Estados Unidos no logra superar completamente la crisis económica de 2008-2009, el gobierno de México debería de utilizar todas las herramientas a su alcance para fomentar el crecimiento.

El gasto público es una de estas herramientas. Prescindir de ella en estos momentos se entiende no como una razón de prioridades sino como una falta de sensibilidad. A final de cuentas, una decisión acertada se basa en el sentido común: ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre. 

domingo, 2 de junio de 2013

Construyendo nuevas reglas

Existen escándalos que tienen consecuencias graves. Se derivan de acciones y omisiones que atentan contra el marco legal y las estructuras institucionales. El presunto desvío de recursos públicos durante la administración del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, es uno de ellos.

A Granier se le relaciona con irregularidades administrativas, particularmente con el ejercicio indebido de recursos federales del sector salud.  Los señalamientos adquirieron mayor relevancia después de que al ex secretario de Finanzas del gobierno estatal, José Saíz Pineda, se le incautaran cerca de 88 millones de pesos en efectivo. 

Aunque el ex gobernador de Tabasco es el villano de moda, existen otros políticos que lo acompañan en la larga lista de servidores públicos que viven entre sospechas de corrupción y deshonra. De esta lista destacan los ex gobernadores priístas de Coahuila y Puebla, Humberto Moreira y Mario Marín. El primero es célebre por la absurda forma en que endeudó a su estado. El segundo saltó a la fama por defender a pillos y rufianes.

Existen políticos panistas que también han sido señalados de actos de corrupción. Uno de ellos es Luis Armando Reynoso Femat, acusado de peculado y uso indebido de funciones durante su administración al frente de la gubernatura de Aguascalientes. Otro panista, Juan Manuel Oliva, es señalado por abuso de autoridad y corrupción como gobernador de Guanajuato.

El PRD tampoco se escapa de estos señalamientos. El caso más reciente es el del actual delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo. A este servidor público se le vincula con irregularidades en la contratación de personal y con actos de extorsión.   

Estos son apenas algunos casos donde se presume que existen irregularidades y corrupción a nivel estatal y local. Representan la punta del iceberg de un problema que afecta profundamente a México. Lo que reflejan, en el fondo, es que el ejercicio de gobierno en las entidades del país aún no está sujeto al imperio de la ley.

En este contexto, la reforma política adquiere una gran importancia. En México necesitamos nuevas reglas del juego que logren que las acciones y omisiones  de los gobernadores puedan ser objetadas y sancionadas durante su mandato y no después, cuando ya no tienen el poder que les confiere el cargo. Necesitamos, en pocas palabras, desterrar la idea de que los gobernadores son señores feudales que pueden hacer y deshacer a su conveniencia.

Con un andamiaje político más sólido, sería posible traer más inversiones a los estados. Las empresas tendrían la certeza de que sus negocios estarían protegidos por la ley y que no dependerían de los caprichos de los gobernadores. Con reglas políticas sólidas y claras, las entidades podrían impulsar con más fuerza el desarrollo y el crecimiento económico.

Para construir estas nuevas reglas se deben abandonar las descalificaciones y recriminaciones. Las acciones y omisiones de los gobernadores afectan, antes que a los partidos políticos, a la sociedad. Por ello, los actores que discutirán la reforma política deben tener presente que uno de los objetivos más importantes de esta reforma es lograr que los gobernadores se sujeten a la ley.