Construyendo nuevas reglas

Existen escándalos que tienen consecuencias graves. Se derivan de acciones y omisiones que atentan contra el marco legal y las estructuras institucionales. El presunto desvío de recursos públicos durante la administración del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, es uno de ellos.

A Granier se le relaciona con irregularidades administrativas, particularmente con el ejercicio indebido de recursos federales del sector salud.  Los señalamientos adquirieron mayor relevancia después de que al ex secretario de Finanzas del gobierno estatal, José Saíz Pineda, se le incautaran cerca de 88 millones de pesos en efectivo. 

Aunque el ex gobernador de Tabasco es el villano de moda, existen otros políticos que lo acompañan en la larga lista de servidores públicos que viven entre sospechas de corrupción y deshonra. De esta lista destacan los ex gobernadores priístas de Coahuila y Puebla, Humberto Moreira y Mario Marín. El primero es célebre por la absurda forma en que endeudó a su estado. El segundo saltó a la fama por defender a pillos y rufianes.

Existen políticos panistas que también han sido señalados de actos de corrupción. Uno de ellos es Luis Armando Reynoso Femat, acusado de peculado y uso indebido de funciones durante su administración al frente de la gubernatura de Aguascalientes. Otro panista, Juan Manuel Oliva, es señalado por abuso de autoridad y corrupción como gobernador de Guanajuato.

El PRD tampoco se escapa de estos señalamientos. El caso más reciente es el del actual delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo. A este servidor público se le vincula con irregularidades en la contratación de personal y con actos de extorsión.   

Estos son apenas algunos casos donde se presume que existen irregularidades y corrupción a nivel estatal y local. Representan la punta del iceberg de un problema que afecta profundamente a México. Lo que reflejan, en el fondo, es que el ejercicio de gobierno en las entidades del país aún no está sujeto al imperio de la ley.

En este contexto, la reforma política adquiere una gran importancia. En México necesitamos nuevas reglas del juego que logren que las acciones y omisiones  de los gobernadores puedan ser objetadas y sancionadas durante su mandato y no después, cuando ya no tienen el poder que les confiere el cargo. Necesitamos, en pocas palabras, desterrar la idea de que los gobernadores son señores feudales que pueden hacer y deshacer a su conveniencia.

Con un andamiaje político más sólido, sería posible traer más inversiones a los estados. Las empresas tendrían la certeza de que sus negocios estarían protegidos por la ley y que no dependerían de los caprichos de los gobernadores. Con reglas políticas sólidas y claras, las entidades podrían impulsar con más fuerza el desarrollo y el crecimiento económico.

Para construir estas nuevas reglas se deben abandonar las descalificaciones y recriminaciones. Las acciones y omisiones de los gobernadores afectan, antes que a los partidos políticos, a la sociedad. Por ello, los actores que discutirán la reforma política deben tener presente que uno de los objetivos más importantes de esta reforma es lograr que los gobernadores se sujeten a la ley.