El sol no se puede tapar con un dedo. Por más que algunos
se empeñen en negarlo, hoy el problema más grande de México es la inseguridad.
Lo ocurrido en Michoacán a finales de diciembre y durante los primeros días del
año reafirma el asombroso empoderamiento de los grupos criminales y la
incapacidad de los gobiernos estatales y locales para enfrentarlos exitosamente.
Muestra, también, la descomposición del orden social que se expresa a través de
los grupos de autodefensa y los traspiés del gobierno federal frente a un espinoso
asunto que no tiene pronta ni fácil solución.
La inseguridad en tierras michoacanas no es un fenómeno
nuevo, basta recordar que en diciembre de 2006 el ex Presidente Calderón inició
su guerra contra el narcotráfico en este estado. Sin embargo, el problema ha
tomado otros tintes después de que hace un año las autodefensas de la entidad
se levantaran en armas alegando la inacción de las autoridades ante las
extorsiones, secuestros y asesinatos del crimen organizado.
En un contexto marcado por la débil acción de las
autoridades estatales, fuerzas políticas opositoras al gobernador priísta Fausto
Vallejo han demandado la desaparición de poderes como un paso deseable para la
solución de los problemas de inseguridad que se viven en Michoacán.
Recientemente el coordinador del PAN en el Senado, Jorge Luis Preciado, se manifestó
en este sentido. Antes, en julio de 2013, el PRD había sugerido que ante la
ingobernabilidad en el estado, una salida posible era la figura de la
desaparición de poderes.
Lo de Michoacán no es menos alarmante que lo que pasa en
otras entidades. En Guerrero, por ejemplo, la seguridad pública enfrenta un momento delicado
por el número de delitos que se cometen diariamente y por la violencia con que
estos ocurren. Ante la falta de una
respuesta eficaz por parte del Estado, varios
grupos han tomado el control para defenderse de la violencia e inseguridad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha explicado
que mucho del problema de seguridad en esta entidad se debe a la pobreza y al
abandono de las comunidades, así como a la desconfianza en las instituciones.
Si bien Michoacán y Guerrero acaparan la atención
mediática, existen condiciones de inseguridad en otras partes del
territorio nacional. Chihuahua, Coahuila, Durango, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas,
Veracruz y Zacatecas son algunos de las entidades que las bandas criminales han
atemorizado y donde las autoridades no han encontrado la forma efectiva de regresar
la paz. Se equivocan aquellos que piensan que las cosas están cambiando por el
simple hecho de que los medios de comunicación han dejado de consignar problemas
de criminalidad y violencia en estos estados.
En marzo de 2013 el Presidente Enrique Peña Nieto aseguró
que los primeros resultados de su estrategia contra el crimen se darían en un
año. A poco menos de tres meses de que venza el fatídico plazo establecido por
el propio Ejecutivo, parece poco probable que la situación de inseguridad
en México vaya a cambiar pronto.
Estoy convencido que el gobierno federal ha realizado un
esfuerzo notable por cumplir este objetivo. Un ejemplo es la clara coordinación
que existe entre todas las fuerzas federales para combatir a las bandas
criminales. Esto, sin embargo, no ha sido ni será suficiente. Se requiere,
además, de otras acciones que involucren a los tres poderes del Estado, a los diferentes
órdenes de gobierno y a todos los sectores de la sociedad.
Nuestra participación tiene que estar orientada al
fortalecimiento del Estado de Derecho. En la medida en que todos respetemos las
leyes y actuemos con civilidad y sentido de justicia, los problemas de inseguridad
en México se irán resolviendo. Quizá, entonces, el sol salga en todo el país.
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