No
hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Después de 156 días en el
poder, parecería que Enrique Peña Nieto y su equipo han perdido fortaleza y
efectividad. El ambiente político se crispa, el Pacto por México se tambalea,
las reformas se atoran y, por si fuera poco, se empiezan a percibir signos de
ingobernabilidad.
Durante
los primeros meses de gobierno, la actual Administración mostró oficio político
para abordar y procesar temas de la mayor importancia. Bajo una novedosa y
efectiva estructura institucional, llamada Pacto por México, el gobierno federal y los
principales partidos políticos concretaron
diversas reformas legislativas. La más
importante, o por lo menos la más visible, fue la relacionada al tema
educativo.
Eran
tiempos con viento a favor. El PAN y el PRD apoyaban todos los planteamientos
del Ejecutivo, la opinión pública reaccionaba de manera favorable al ímpetu
presidencial y Peña Nieto se consagraba con decisiones valientes, como el
oportuno encarcelamiento de la lideresa magisterial.
A
medida que transcurría el tiempo, el ambiente político fue cambiando. En el
Congreso surgieron disputas entre ambas Cámaras. Las diferencias afloraron con
la Ley de Contabilidad Gubernamental, aprobada solamente en el Senado, y
alcanzaron su cenit con la reforma en telecomunicaciones.
Mientras
los celos legislativos trascendían, el Pacto por México se tambaleó cuando el
PAN denunció a funcionarios del gobierno federal por el manejo ilegal de
recursos pertenecientes a la Cruzada contra el Hambre. La crisis escaló después
de que el Presidente mostrara su apoyo público a la titular de la Sedesol,
encargada de implantar la Cruzada. La respuesta presidencial ofendió a los
panistas, quienes anunciaron su ausencia del Pacto por México. Sin dejar pasar
tiempo, el PRD hizo lo propio.
Este
desencuentro ocurrió en los días en que el gobierno federal tenía planeado presentar la
reforma financiera. Para distender los ánimos y conservar con vida al Pacto por
México, Peña Nieto decidió posponer la presentación de esta reforma hasta que
los involucrados ratificaran su confianza en el acuerdo. Aun cuando no pasaron
muchos días para que PAN y PRD anunciaran su permanencia en el Pacto por
México, los tiempos legislativos han obligado a atrasar la presentación de la
reforma financiera hasta que inicie un nuevo periodo legislativo en septiembre.
La
reforma financiera no es la única que se ha pospuesto. Quedan en el tintero
otras propuestas legislativas que, aunque de menor calado, son esenciales para
que el país cuente con un andamiaje institucional sólido. Está pendiente de
aprobarse, como ya se dijo, la Ley de Contabilidad Gubernamental, que
permitiría transparentar el gasto público de los gobiernos estatales y municipales. En esta misma situación están las
modificaciones a la Ley del IMSS, necesarias para sanear las finanzas del instituto público de salud. También
faltan por abordarse las leyes que reglamentan la reforma educativa.
Los
retos que se vislumbran en la arena legislativa no son los únicos ni los más
preocupantes. A últimas fechas el país ha entrado en una dinámica social
complicada. Las movilizaciones de la Ceteg en Guerrero, la toma de instalaciones
de la UNAM por uno grupo de jóvenes inconformes y el aumento de la violencia e
inseguridad en Michoacán, son señales que sugieren un problema de
gobernabilidad serio.
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